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En Ecuador también se ha promovido, en instancias como la Asamblea Nacional, que se despenalice el aborto al menos cuando la mujer acuda por atención hospitalaria y esté en curso el aborto, independientemente de cuál haya sido la causa. En Ecuador también se ha promovido, en instancias como la Asamblea Nacional, que se despenalice el aborto al menos cuando la mujer acuda por atención hospitalaria y esté en curso el aborto, independientemente de cuál haya sido la causa. Foto: El Universo.

Asambleístas proponen que hasta siete meses de embarazo se pueda interrumpirlo en caso de violación y ni feministas ni provida están de acuerdo

Ene 12, 2022

Una vez que se apruebe el informe irá al pleno de la Asamblea Nacional el 25 de enero, ya se anuncian manifestaciones.

Establecer como plazo siete meses de gestación para la interrupción del embarazo en caso de violación para mujeres de más de 18 años, y sin plazo para niñas y adolescentes menores de 18 años y mujeres con discapacidad provocará movilizaciones, según lo anuncian los sectores a favor y en contra.

La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional en la sesión del 10 de enero, con seis votos, aprobó la inclusión del texto en el proyecto de ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo de niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación. El proyecto pasará a conocimiento del pleno de la legislatura para su aprobación.

Martha Cecilia Villafuerte, directora nacional de Familia Ecuador, comentó que llama la atención la soltura e indiferencia con la que un grupo de legisladores establecieron que a los siete meses de gestación se puede interrumpir un embarazo, para mujeres de más de 18 años, cuando la ciencia determina que un feto con cinco meses puede subsistir con ayuda.

Cuestionó que en el caso de las niñas y adolescentes y mujeres con discapacidad se haya establecido que no habrá límite de semanas para practicarse un aborto por violación.

Villafuerte anuncia movilizaciones hacia la Asamblea Nacional para el 25 de enero cuando está previsto que se tramite el proyecto en segundo debate. Habrá plantones y dentro de lo posible se espera concurrencia para rechazar el texto de la mesa legislativa de Justicia, añadió.

Criticó que en el articulado del proyecto no se legisle nada sobre el acompañamiento postaborto y de la víctima por violación que no queda embarazada. Tampoco se plantean soluciones para reducir los índices de violación, porque se enfoca solo en la mujer violada y quedó embarazada; la que no quedó embarazada, pero fue violada no tiene cabida en este proyecto de ley”.

Ana Cristina Vera, del colectivo Vivas Nos Queremos, resaltó que en la mayoría los artículos del proyecto los cambios son mínimos, pero anuncia que se mantendrán vigilantes para que el proyecto sea aprobado al menos con el texto planteado por el legislador José Agualsaca (UNES), que fija parcialmente plazos para interrumpir el embarazo por violación.

Precisó que su colectivo defenderá que el aborto por violación no tenga plazos y cuestionó que haya asambleístas que con desconocimiento intenten incidir en que en otros países hay plazos, pero esos plazos están fijados para aborto libre.

Insistió en que la organización de mujeres nunca estará de acuerdo con una ley que ponga plazos, porque esos plazos dejan fuera a las mujeres más vulnerables.

Frente a las diversas propuestas legislativas de poner seis semanas o doce semanas, Ana Cristina Vera dijo que es un absurdo para una causal por violación, pues Chile demostró que un plazo en el aborto por violación es un fracaso.

Plazos
La moción sobre el artículo 19 del proyecto del proyecto de Ley para la interrupción del embarazo por violación la presentó el asambleísta de Unión por la Esperanza (UNES) José Agualsaca, y recibió el respaldo de los legisladores Alejandro Jaramillo y Johanna Moreira (ID); Dina Farinango (PK); Gissela Garzón, Yhajaira Urresta y José Agualsaca (UNES).

El texto aprobado señala: “a efectos de garantizar el derecho a tomar una decisión libre y voluntaria de interrumpir el embarazo de las niñas, adolescentes mujeres y personas gestantes víctimas de violación, el plazo máximo para la intervención médica será de 28 semanas de gestación para mujeres mayores de 18 años; y sin plazo para niñas, adolescentes menores de 18 años y mujeres con discapacidad”.

En contra se pronunciaron los asambleístas Dalton Bacigalupo (ID), Segundo Chimbo y Ricardo Vanegas (PK) y Sofía Espín (UNES).

La legisladora Sofía Espín (UNES) comentó que reiteradamente la Corte Constitucional ordena poner tiempo para la interrupción del embarazo por violación y en el caso de la propuesta de su coideario Agualsaca no incluye plazos para niñas y adolescentes, cuando en varios países se ponen como límite doce semanas para el aborto.

Hablar de un aborto por violación con 28 semanas de gestación es realmente poner en riesgo la vida de la mujer, subrayó Espín, quien además dijo que esa propuesta deja muy preocupadas a las niñas y adolescentes.

Durante ese primer día de discusiones sobre el informe del proyecto de Ley que surgió tras el fallo de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto para casos de violación, también se definió que el aborto por violación no será considerado un derecho sino una opción voluntaria que tiene la mujer, niña o adolescente.

También se definió respecto a los requisitos que se deben observar para la interrupción del embarazo por violación, en lo que el asambleísta José Agualsaca (UNES) planteó que se agregue un texto en que se determine que para garantizar el acceso a la justicia y la no impunidad, todos los casos serán puestos en conocimiento de la Fiscalía por el establecimiento de salud para su investigación y sanción, en el plazo de 48 horas, informó El Universo.

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