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Militares y policías realizan el control de la venta de cilindros de gas en tres sectores de Tulcán, entre este lunes y el miércoles. Militares y policías realizan el control de la venta de cilindros de gas en tres sectores de Tulcán, entre este lunes y el miércoles. Foto: El Universo.

Venta de gas en $ 3 y $ 3,25 provoca pugna entre gremio y autoridades de Tulcán; hay malestar ciudadano

Jun 28, 2021

Los distribuidores dicen que el margen de utilidad no es favorable y han desacatado disposición de la gobernación de Carchi, de vender el cilindro en $ 2,50.

El incremento de 50 centavos por un cilindro del gas licuado de petróleo (GLP) que cobra desde inicios de este mes de forma unilateral la Asociación de Distribuidores de Gas en Carchi, enfrenta a distribuidores y consumidores.

El malestar de la ciudadanía es evidente, mientras que las autoridades buscan una solución definitiva a este problema. Los distribuidores argumentan que el margen de utilidad por concepto de distribución no es favorable.

Según ellos, aquello les habría forzado a incrementar el costo de distribución y comercialización en $ 3 en la ciudad y en $ 3,25 en la zona rural. El aumento no ha sido autorizado oficialmente por autoridad alguna.

Yaco Martínez, gobernador de Carchi, mantuvo una reunión con la asociación acordando un nuevo estudio sobre los costos reales. Este será realizado por la Universidad Politécnica Estatal del Carchi (UPEC).

En el encuentro no convinieron el valor oficial que se cobraba hasta el 31 de mayo de $ 2,50 por bombona, y por eso los 17 comercializadores optaron por seguir cobrando $ 3 por tanque de gas.

Orlando Rayo, presidente de la asociación, ha intentado defender el incremento del valor con explicaciones que no convencen a los 140 barrios de la capital carchense, señalando que ellos habrían socializado el precio en esos sectores, y que los costos de movilización son altos.

Rayo descalificó públicamente un primer estudio efectuado por la UPEC y ha insistido en que continuarán cobrando los valores por ellos establecidos ($ 3 y $ 3,25), bajo la premisa de que no permitirles el aumento es un atropello a la libertad de empresa y emprendimiento.

Las quejas de los usuarios coinciden en que ofertan un pésimo servicio, que las entregas no se realizan a domicilio como es el acuerdo, y que el alto contrabando del carburante subsidiado hacia Colombia provoca desabastecimiento en las barriadas.

El gobernador Martínez ante el incumplimiento y pedido de más de 70 dirigentes barriales y del Comité Cívico del Carchi anunció el pasado jueves que en Tulcán la pipeta se expenderá en $ 2,50, disposición que no ha sido acatada.

Andrés Martínez, presidente del Comité Cívico del Carchi, tras una movilización pacífica entregó al representante del Ejecutivo un documento en el que se hace conocer que los barrios no pagarán más de $ 2,50 por cilindro.

Solicitan, además, que la Agencia de Regulación y Control de Energía (ARCE) convoque a una licitación abierta para nuevos distribuidores, y que termine con lo que consideran un monopolio de comercialización y distribución de una sola empresa que es la única que brinda este servicio en Carchi.

Jorge Chamorro, presidente del barrio Chicos Buenos, quien con 70 dirigentes de barrios de Tulcán fue parte de la reunión con el gobernador carchense pidió a las autoridades efectuar los operativos de control.

Entre este lunes y el miércoles, la Gobernación de Carchi dispuso la venta en tres plataformas que serán ubicadas en el centro, norte y sur de la ciudad, donde se expenderán los últimos cupos de junio a $ 1,60.

El gobernador Martínez, desde este día lideró la entrega de 924 cilindros en el fuerte militar Andes, donde pueden abastecerse los habitantes del sector sur de la ciudad.

Este martes expenderá en la Sub Zona de Policía Carchi y el miércoles en el parque central.

Militares y policías brindan el acompañamiento y control para evitar que las redes de contrabando de combustibles se provean y movilicen hacia Ipiales y diez municipios fronterizos colombianos más el derivado.

En Carchi la venta es restringida, los ciudadanos deben presentar la tarjeta inteligente o cédula de identidad. La estrategia gubernamental busca frenar la fuga del gas licuado de petróleo a Colombia, donde alcanza un valor de $ 11 normalmente y cuando hay desabastecimiento de hasta $ 30, informó El Universo.

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