Miércoles, 19 2020 Febrero

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El tecnólogo Bayardo Martínez se convirtió en el nuevo Jefe Político del cantón Tulcán, tras la renuncia de la Dra. Eugenia Pozo, este martes 18 se presentó ante el Gobernador de la provincia, Oscar Ruano, para asumir sus funciones.

La participación de extranjeros en hechos delictivos genera nuevamente el interés de que se realicen reformas relacionadas sobre su deportación. Los familiares de algunas de las víctimas y el Gobierno proponen cambios urgentes y piden la aprobación de las reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana que se tramitan en la Asamblea Nacional. Tras el asesinato de una ecuatoriana en Quito por el que se detuvo a un joven venezolano el Ejecutivo envió una propuesta al Legislativo para esta ley.

Oscar Ruano, flamante gobernador del Carchi, que asumió la semana pasada el cargo menciona que su afinidad está ligada al servicio público y empresarial, vinculándose a gremios y asociaciones productivas con visión a nuevas oportunidades como son la generación de empleo.

Con la Casa Blanca a sus espaldas, estrecharon las manos para formalizar una anhelada amistad. El anfitrión de la cita, el presidente Donald Trump, recibió a su homólogo ecuatoriano Lenín Moreno en la puerta principal de la sede de gobierno en Washington.

Las instituciones públicas de Tulcán piden a las ONGs se alineen al trabajo institucional con el fin de optimizar tiempo y recursos en torno a las acciones que realizan en el territorio.

“Si no se asignan los recursos no hay nadie más que nos pueda proveer, sino el Estado, y no habrá elecciones”. Es uno de los ultimátums que dio el martes la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, al Gobierno a propósito de la exigencia de recursos económicos para la organización de las elecciones del 2021, que implica la renovación del sistema informático.

Luego de un diferimiento solicitado por cuestiones médicas, actividades profesionales en el extranjero y compromisos académicos fuera del país, planteados por los abogados de cuatro procesados, la audiencia de juzgamiento por el delito de cohecho dentro del caso Sobornos 2012-2016 se instaló la mañana de este lunes en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

El pleno del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE) aceptó por unanimidad la propuesta del Prefecto Guillermo Herrera de solicitar la derogatoria del decreto presidencial 989 que atenta contra la autonomía de los GADS provinciales y de la competencia de riego.

Información que hace parte del expediente del denominado caso Sobornos 2012-2016 sirve de base para que Fiscalía presuma la existencia de un delito y abra una investigación previa contra el expresidente Rafael Correa; el exministro de Transporte y Obras Públicas de Lenín Moreno, Aurelio Hidalgo; el empresario José Verdú y su compañía Verdú S.A.

El impulso fiscal emitido la tarde del martes último se señala que "existe documentación a través de la cual se presume el cometimiento de un delito denunciado por Drino Javier Nieto Morejón, quien en calidad de director del colectivo ciudadano "Despierta Santa Elena", hace mención a varios hechos ocurridos entre el 2016 y el 2019.

La fiscal general Diana Salazar en el caso dispuso que a través de secretaría se proceda a obtener copias certificadas de la documentación presentada por Nieto Morejón y que se remita a la Coordinación Misional de Fiscalía para que mediante sorteo se asigne a la unidad quien se considere necesario y se dé inicio con la investigación del caso.

No existe aún un delito específico por el que se abra la investigación, pues lo que se hará en este momento es analizar los hechos denunciados para no solo saber si existe un tipo penal vulnerado, sino también si hay la participación de más personas a las ya identificadas inicialmente.

El expresidente Rafael Correa al momento es uno de los 21 llamados a juicio por el delito de cohecho dentro del caso Sobornos, mientras que en la misma causa, el empresario José Verdú fue sobreseído, junto al también empresario Cai Runguo y la exfuncionaria pública María Augusta Espinosa.

El pasado 3 de enero la jueza Daniella Camacho explicó, durante la lectura de resolución al final de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que los elementos de convicción que han sido anunciados en contra de Verdú no son suficientes para presumir su participación en el supuesto delito de cohecho, por lo que corresponde dictar su sobreseimiento.

La tarde de este miércoles, en la Corte Nacional de Justicia se realizará una audiencia para conocer el recurso de hecho que planteó el procesado en el caso Sobornos y exasambleísta Christian Christian VIteri por la negativa que recibió a la relación que interpuso contra el sobreseimiento de Cai Runguo, informó El Universo.

En esta ocasión, Rafael Correa sí será juzgado porque es un delito imprescriptible y que se juzga en ausencia.

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