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Publicación realizada por la Revista PLAN V Publicación realizada por la Revista PLAN V Foto: PLAN V

"La trata ante el espejo", el informe que ocultó el gobierno de Correa

May 06, 2019

Según la investigación “en cuatro provincias de la frontera norte opera una gigantesca mafia de comercio de mujeres, o trata, sometidas a condiciones de esclavitud sexual”.

“El informe, entregado en el 2012, relata el modus operandi de esa red y cómo policías, administradores de justicia y funcionarios estatales les brindaban seguridad. Son cómplices de un delito que afecta a miles de mujeres indefensas”.
En el caso de Carchi, según la investigación en el año 2012 se habla del supuesto caso de una profesora, de una institución educativa de Tulcán, quien sería la encargada de esta actividad.

CARCHI: LA PROFESORA CON UN CATÁLOGO DE CHICAS ESTUDIANTES
Aquí parte de la publicación de la revista ‘Plan V’, que se la puede encontrar completamente en su web: www.planv.com.ec, con fecha 29 de abril de 2019.
En el caso de Carchi, un testimonio de un funcionario de alto nivel de la Fiscalía Provincial refiere que los delitos sexuales no se persiguen por los fiscales de esa jurisdicción, porque no “existen”, no se perciben o son minimizados o abiertamente ignorados, y cuando desde el gobierno central se acude a brindar cursos y talleres de género, solo se dan a mujeres.
Hay diversos intentos, refiere el testimonio, de que jueces y fiscales persigan los actos de violencia sexual, pero hay un nivel de indiferencia cultural, normativa e institucional —no existe un proceso de “vigilancia” destinado a cada uno de los fiscales y todos los procesos, para que se cumpla la ley—, por ello, afirma, no hay estadísticas sobre este tipo de delitos en esa provincia.
Lo anterior, deviene en asignaciones pírricas a nivel presupuestal, pues las partidas para el combate a la delincuencia se asignan en función de resultados estadísticos concretos. Aquí no hay. Finalmente, esto redunda, afirma, en la cancelación de hecho del combate a ciertas cadenas delictivas.
Otro testimonio refiere que: en el caso del burdel Texas, se localizó a una menor víctima de trata, y se detuvo a la administradora y la niña quedó en “custodia” de la DINAPEN —que no tiene un local adecuado para proteger a las víctimas, ni presupuesto, ni entrenamiento para hacerse cargo de una menor, resguardó a la menor durante 8 días. Esa oficina recibió, desde el primer día, presiones por parte de un jefe de la policía y un Fiscal para que “dejara ir” a la menor, para que no hubiera ratificación de la acusación.
A los 8 días, llegó el jefe policíaco con la familia de la menor, proveniente de Colombia y se llevaron a la niña, con lo que ya no hubo ratificación de la denuncia y la sospechosa fue liberada y el caso cerrado.
El testigo habló de “promociones” desde Quito a los involucrados. Sobre este caso, entrevistados, el juez competente negó haber tenido ningún caso de trata, el fiscal dijo que en Carchi no hay trata.
En Tulcán, un policía de aduanas, que rindió testimonio en forma anónima, señaló que esa fuerza policíaca ha encontrado, en diversos operativos contra cachinerías realizados este año de 2011, dos “bunker” instalaciones subterráneas clandestinas en la provincia. Refiere que estos se encuentran, uno, debajo del burdel “Texas” y el otro en la población de Julio Andrade.
En ambos encontraron diversas mercaderías ilegales de contrabando así como mujeres que eran “almacenadas” en dichos lugares, para su “traslado” al interior del país. El oficial refiere que “recibió instrucciones” de guardar silencio de su mando. Cuando le cuestioné sobre por qué no había hecho la denuncia legal de estos ilícitos, me respondió: “yo vivo aquí, tengo familia, ¿usted cree que yo me voy a ir a meter a esa fiscalía?”. Esta información, sobre los “refugios” o “bunker” subterráneos ilegales, fue confirmada con organizaciones humanitarias, quienes han recibido denuncia de mujeres víctimas de que pasaron por estos lugares.
Un testimonio señaló que se había detectado un servicio de “chicas prepago”, operado por una profesora “Dorinda” en el colegio Q., en Tulcán, ofrecen a las niñas con fotos. Antes, otro testimonio de defensores de derechos humanos habló del tema: “son pequeñas de un colegio, no sabemos de cuál, pero hay una profesora que las “ofrece” por 200 dólares la noche.
Otro testimonio confirma: “…hay una red de trata dirigida por una profesora del colegio Q., que es amante de un fiscal, tienen un catálogo de chicas en una carpeta con fotografías, las usan para “espectáculos privados” y para servicios sexuales, las contratan por noche… no podemos hacer nada porque está protegida.”
Con estos elementos, fui al mencionado colegio, pregunté por la profesora, la persona de la entrada me señaló que “así le dicen, pero no se llama así”, e indicó el salón de clases donde se encontraba. Entré y pregunté a la profesora si ella sabía de un servicio especial, que me habían recomendado que la buscara, ella abrió un cajón y me mostró un cartabón cerrado, forrado con fotografías de jovencitas, tamaño credencial, totalmente cubierto por ellas. Preguntó si traía dinero, le dije que aún no, que debía ir a un cajero a sacar, y me dijo que entonces regresara: “al menos serán 200”. Salí del colegio y no regresé. Eran las 4:30pm de un miércoles.

Los beneficiarios y los pagos por especie
Según la revista ‘Plan V’, en este nivel, podríamos ubicar a quienes siendo parte del servicio público, obtienen algún tipo de ganancia, ventaja, o incluso influencias producto de la cercanía. En este rubro, hay testimonio de policías, comisarios, un fiscal, un juez, abogados civiles y representantes de organizaciones de derechos humanos que hablan de jueces, fiscales, intendentes y policías que obtienen “beneficios” colaterales por “ayudar” a quienes mantienen negocios de burdeles en las 4 provincias.
Dichos “beneficios” pueden ser económicos directos, a través de coimas, o directamente cuotas asignadas por “servicios prestados”, que se cobran con regularidad, por dejar hacer, por no mirar, por no estar, por informar de batidas, por no procesar, por no investigar, por no perseguir. Hay testimonios que hablan de ofrecimientos que van desde “una mano” (cinco mil dólares) mensuales a policías, hasta “ocho manos” (cuarenta mil dólares) a jueces y fiscales por “favores especiales”; se llega a hablar de casos de coimas de más de 100 mil en el caso, por ejemplo, de los túneles o “bunker” de Carchi. Esta información, como es obvio, no se pudo corroborar por la naturaleza subjetiva de la base testimonial y por los múltiples factores de riesgo físico y amenazas que ha implicado la realización de esta investigación en el terreno.
Otro tipo de “beneficios” suelen acompañar al dinero, al menos en la base testimonial se habla de “pagos en especie”, con mujeres, así se sabe de casos de funcionarios que piden mujeres o niñas de años, cómo el caso que denunciaron las 6 colombianas evadidas de Shushufindi, que fueron llevadas al jefe de la policía de aduanas, según dijeron, para que sean llevadas a sus oficinas. Mujeres llevadas a hoteles, por los dueños de los burdeles, o por policías, para “uso gratuito”, o por intercambio de favores. A policías sin rango, suele “regalárseles” un o dos “servicios” cada cierto tiempo, para que “colaboren”.

PUNTUAL

Investigación
Organizaciones Derechos Humanos
Según la revista ‘Plan V’, se tiene testimonio de organizaciones de derechos humanos, mujeres sobrevivientes, trabajadoras sexuales y vecinos: en el Río San Miguel, en “La Punta” (General Farfán), la estación de La Marina controla el tránsito de todas las “mercancías” que entran y salen del país, entre esas “mercancías”, dicen, hay mujeres víctimas de trata.

En Carchi, según testimonios, los policías participan del negocio, tienen mujeres “de su propiedad”, tienen vehículos (camionetas) personales que son usadas en el transporte de mujeres desde Ipiales, Colombia a veces desde Cali, Colombia, hasta Tulcán, para “depositar” a las mujeres en el burdel “Texas” o en los hoteles “Quito”, “Oasis” y “Frailejón”. Varios vehículos de la policía permanecen en las afueras de los burdeles, a medio día, vigilando que no salgan las mujeres (personalmente pude ver al menos dos fuera del “Texas”, y dos más fuera del “Florida” o “Molino rojo”).

Un testigo informa que antes de salir a batidas, un jefe policíaco “hace operativo” con los policías que saldrán a las batidas y les quita y resguarda sus teléfonos celulares. Pero reconoce que de nada sirve porque a veces tienen dos o tres aparatos y “siempre avisan”, por lo que hacer batidas contra la trata es improductivo y jamás encuentran nada.

En esta misma provincia, defensores de derechos humanos, trabajadores de la cooperación internacional y vecinos reportan que los dueños de los burdeles se presentan en la oficina regional de la cancillería, ubicada en Tulcán, como “tramitadores” del carnet de solicitante de refugio de las mujeres colombianas de sus negocios. Según afirman los testigos, los funcionarios de la cancillería admiten esta intermediación.

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