El Tribunal Penal del Carchi otorgó la medida cautelar solicitada y suspendió de manera inmediata el funcionamiento de los radares.
Con la acción de protección se pretende se elimine el cobro de multas que se hayan generado desde el 23 de octubre de 2018 hasta la fecha, la anulación de acuerdos de pagos y la devolución total de valores ya cancelados por las supuestas infracciones de tránsito.
Los instalación funcionamiento y operación de los radares vulneró el derecho a la Seguridad Jurídica, el Debido Proceso en la tramitación previa a la instalación de los radares, la garantía de Política Pública y a la prestación de bienes y servicios públicos orientados al buen vivir.
Parte de las quejas recibidas en la delegación provincial de la Defensoría del Pueblo son de los representantes del Comité Cívico, la Asociación de Transportes Pesados, Transporte Interprovincial y la Unión de Operadoras de Taxis del Carchi, además, la Cámara de Transporte de Montúfar y conductores particulares afectados por el cobro de multas de los foto-radares.
Las instituciones accionadas son el gobierno municipal de San Pedro de Huaca, la Empresa de Movilidad del Norte, la operadora del sistema de foto-multas TRAFFICNOR y la Procuraduría General del Estado. Los demandados deberán presentar en audiencia el listado de las personas multadas desde el 23 de octubre y un informe detallado del destino de los fondos recaudados por las foto-multas.
